Quito, 11 de enero de 2017

• Ecuador está obligado a proteger al asilado porque en caso contrario se generarían responsabilidades al Estado

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador ha obrado con la naturalización de Julian Assange “en defensa de los intereses del país, de la garantía de los derechos humanos del asilado y en estricto apego a la Ley, la Constitución y a los instrumentos internacionales de derechos humanos”.

Así lo ha señalado la canciller, María Fernanda Espinosa, en una comparecencia ante los medios de comunicación en la que ha explicado que Julian Assange solicitó su naturalización el 16 de septiembre del 2017 y le fue concedida el 12 de diciembre del 2017. El asilado permanece en Londres bajo protección internacional de Ecuador desde hace cinco años y medio.

La decisión se fundamentó en la Constitución y en los convenios internacionales ratificados, que obligan a Ecuador a respetar los derechos humanos de las personas bajo protección internacional. Al respecto, advirtió de que, de ni actuar, “se generarían responsabilidades al Estado ecuatoriano frente al cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos”.

“A nuestro Gobierno le ha correspondido buscar alternativas para resolver esta situación heredada y frente a la cual no se ha avanzado en estos años”, destacó la ministra, que indicó que se “han explorado varias alternativas” para “una solución justa, definitiva y digna para todas las partes involucradas, en el marco del derecho internacional”.

Entre las actuaciones, la Cancillería espera un pronunciamiento de Corte Interamericana de Derechos y también se solicitó a Reino Unido que considerara la acreditación de Assange como agente diplomático en la misión del Ecuador, pero la petición fue negada el 21 de diciembre. “En atención a las buenas relaciones con el Reino Unido, declinamos esta opción”.

“Actualmente exploramos otras vías de solución, en diálogo con el Reino Unido, como una posible mediación y buenos oficios de autoridades de renombre, otros Estados u organismos internacionales”, añadió la canciller.

María Fernanda Espinosa lamentó además “las filtraciones y las manipulaciones”, “en algunos casos con claros fines políticos”, en relación a este “delicadísimo caso”. “Esperamos sinceramente que se le permita a la Cancillería manejar este tema como lo hemos venido haciendo, con la mayor prudencia y discreción, que este caso tan delicado amerita”.