• La creación de un Centro Latinoamericano de Solución de Controversias, nuevos modelos de inversiones y marcos legales alternativos son algunas de las propuestas que surgieron en la I Reunión Ministerial de Estados Latinoamericanos y del Caribe Afectados por Intereses Transnacionales. En el evento, se analizaron los Tratados de Inversión, las demandas de arbitraje, los costos de árbitros y representación legal, así como algunos casos de los países afectados por las transnacionales.

Ministros y autoridades de Latinoamérica, así como expertos panelistas nacionales e internacionales debatieron alternativas para la creación de un frente común que coordine posiciones en los foros multilaterales de carácter global y regional, y alternativas concretas para hacer respetar las legislaciones nacionales de los países, por encima de las decisiones de los Tribunales de Arbitraje.

Cecilia Olivet, (Uruguay), investigadora asociada (Instituto Transnacional) es una de las expertas internacionales que expuso sobre “Los Tratados Bilaterales de Inversión y el sistema de arbitraje internacional”, en ese contexto manifestó que en 1989 sólo habían 385 Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), mientras que a finales del 2011 habían más de 3000 Acuerdos de Inversión firmados en todo el mundo.

Asimismo, señaló que América Latina es la región con la mayor cantidad de casos en su contra. Argentina, Venezuela, Ecuador, México y Bolivia representan el 27% del total de los casos mundialmente. “Los países de la UNASUR han sido demandados 134 veces, que implica el 26% de las demandas conocidas, mientras los países del ALBA concentran el 13% del total de casos”. Las demandas implican altos costos, sólo en el 2011, 151 casos de arbitraje de inversiones entrañaban costos de al menos 100 millones de dólares.

“Se ha creado una industria del arbitraje internacional que sostienen principalmente las firmas de abogados y los mismos árbitros de Estados Unidos, Europa y Canadá. Sólo 15 árbitros han resuelto el 55% de todas las disputas arbitrales conocidas en base a tratados de inversión. Varios de los árbitros de élite han sido miembros de la junta de grandes multinacionales, lo que moldea su visión sobre el capital privado, y causa en algunos casos conflicto de intereses”, expresó.

Por su parte, Pedro Páez, (Ecuador),  Superintendente del Control del poder de Mercado recordó que desde el 2007, Ecuador ha venido proponiendo una alternativa desde el Sur frente a los “chantajes de transnacionales en controversias”. Como solución plantea la creación de un Centro Latinoamericano de Solución de Controversias, opuesto a la falta de responsabilidad jurídica, enmarcado en la institucionalidad nacional y continental, orientado al fortalecimiento de la soberanía nacional y latinoamericana y al desarrollo de la seguridad jurídica.

Mientras Jorge Coronado, (Costa Rica), miembro de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATINDADD) quien presentó una mirada de la sociedad civil  sobre el sistema internacional de protección de inversiones y arbitrajes internacionales, manifestó que este régimen ha invertido la jerarquía entre Estado e interés público y los intereses de las grandes corporaciones, creando serias limitaciones a la acción de políticas públicas de los Estados y poniendo en grave riesgo las finanzas públicas vía demandas internacionales.

Frente a ello, propone que no sólo es necesario romper o variar acuerdos internacionales, es un primer paso pero además se debe establecer un equilibrio entre derechos y obligaciones y generar mecanismos para que todas las partes puedan dirimir sus diferendos.

También plantea incluir obligaciones vinculantes en derechos humanos, que los inversionistas rindan cuentas en sus países como en los que invierten y que se realicen evaluaciones con participación social de impacto socio ambiental y de derechos humanos para dichas inversiones.