Entre el lunes 6 y el viernes 10 de julio se desarrolló la primera sesión de trabajo del grupo intergubernamental que deberá negociar hasta el 2017 un acuerdo base para la aprobación de un instrumento internacional, jurídicamente vinculante, sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Hace cuarenta años, algunos Estados y organizaciones de la sociedad civil propusieron la necesidad de establecer un instrumento de derechos humanos que regule la operación de las transnacionales y su cumplimiento de los estándares de derechos humanos. Esta semana inició finalmente este proceso en el seno de las Naciones Unidas.

El lunes 6 los Estados eligieron a María Fernanda Espinosa Garcés, representante del Ecuador ante la ONU Ginebra, como Presidenta a cargo de dirigir la negociación. Luego de un día de negociaciones, se llegó a un acuerdo intergubernamental sobre lo que sería el plan de trabajo que incluía un acuerdo sobre los temas debía organizarse el diálogo e iniciar así la construcción del futuro acuerdo internacional.

Durante la semana de trabajo se escucharon las posiciones y propuestas de más de 60 Estados y de alrededor de 200 representantes de organismos intergubernamentales, expertos internacionales y representantes de organizaciones la sociedad civil, quienes compartieron criterios sobre los principios que debería tener el futuro tratado, sus ámbitos de aplicación, sobre el alcance del instrumento y los mecanismos de remediación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de empresas transnacionales.

La delegación ecuatoriana señaló que toda violación a los derechos humanos, derivadas de la acción u omisión de las empresas transnacionales, debe estar prevista en el futuro instrumento y que se deben contemplar además mecanismos para corregir, progresivamente, el desequilibrio que existe entre el poder de estas empresas y el acceso, particularmente de las víctimas de violación de sus derechos humanos a mecanismos de regulación, mitigación y reparación.

Ecuador también señaló en el grupo de trabajo que el futuro instrumento debería establecer la responsabilidad de los Estados de garantizar que, las empresas transnacionales constituidas en sus territorios y bajo su jurisdicción, protejan de manera efectiva los derechos humanos, incluso cuando desarrollan operaciones en otros países. Ecuador también propuso que el tratado garantice que los Estados acepten en sus respectivos sistemas judiciales la presentación de causas contra violaciones a los derechos humanos atribuibles a las empresas ubicadas en su territorio, aun cuando estas violaciones se hayan cometido en otros países.

El informe adoptado durante esta sesión será presentando por la Presidencia del grupo de trabajo al Consejo de Derechos Humanos durante su 31ª Reunión Ordinaria, en septiembre de este año, después de lo cual se convocará a la su segunda sesión, tal como lo estipula la Resolución de junio de 2014.