Continúa la recepción de denuncias de afectados en el caso PROMAGA S.A.

La Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la representación de los afectados en el caso PROMAGA S.A., una empresa constructora en disolución desde el 23 de abril de este año, a partir de una serie de irregularidades que ya fueron señaladas por el Canciller Ricardo Patiño, entre ellas, la entrega de “promesas de venta” sin firma de responsabilidad.

PROMAGA S.A. es una empresa que podría haber estafado a ciudadanos ecuatorianos a nivel nacional e internacional, en especial a aquellos radicados  en España e Italia.

En la actualidad, los afectados siguen presentándose en las embajadas y consulados del Ecuador para oficializar sus denuncias ante la Defensoría del Pueblo. Hay que recordar que para que el trámite ante esta entidad sea válido, se deben presentar copias simples de la documentación que demuestre su relación comercial con PROMAGA S.A, tales como: contratos de compra venta, recibos de depósitos, pagarés, anticipos, etc.

Por otra parte, dentro del proceso de liquidación, a fin de que los afectados puedan ser considerados como “promitentes compradores” deben presentar copias certificadas de la documentación que demuestre su relación comercial.

El proceso sigue su marcha, por lo que es importante que la documentación esté lista en el menor tiempo posible. El trámite de certificación de copias lo pueden realizar en los consulados del Ecuador, el mismo tiene un costo de 10 euros o 10 usd. En el caso de que el afectado haya presentado con anterioridad declaraciones juramentadas o copias apostilladas o legalizadas, estas tendrán el mismo valor jurídico que se indica en líneas precedentes y no es necesario realizar un nuevo trámite.

Es importante recalcar que el portavoz oficial de PROMAGA S.A. es el Sr. Armando Arce, Liquidador de la empresa. Razón por la cual, la información que no tenga como fuente oficial la señalada, no deberá ser atendida; esto a referencia a un comunicado emitido por el Sr. Manuel Gavira en un periódico de Génova en el que se difunden ideas equivocadas, como la de la solvencia de la empresa, cuando en realidad, la misma está en proceso de liquidación.